La consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, María José Rubio, ha asegurado que reordenará de modo global
la Sanidad de la región y reformulará las políticas de gestión sanitaria, un reto para el que tendrá siempre
presente que “la protección de la Salud es un derecho que se defiende con un sistema universal, solidario,
equitativo y con aseguramiento y financiación pública, así como con provisión de servicios también públicos”.
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La consejera gallega de Sanidad habló ayer de las líneas de actuación que está siguiendo su
departamento para afrontar los problemas sanitarios que padece la región.
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Ignacio Riesgo, director de Sanidad de
PricewaterhouseCoopers, junto al ex ministro de
Sanidad, Julián García Vargas.
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El presidente de Sanitaria 2000, José María Pino,
preguntó a la consejera acerca de su política de
dedicación exclusiva.
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Durante la conferencia sobre los retos de la sanidad gallega a la que asistió ayer, invitada por
PricewaterhouseCoopers, la consejera expuso sus convicciones para conseguir hacer de la Sanidad pública "un
bastión sostenible y accesible a los ciudadanos", como también lo ha entendido el Gobierno de Emilio Pérez
Touriño, que “ha apostado muy fuerte en este sentido con el aumento de presupuesto más importante de los
últimos años”. La consejera apuntó como fundamental que el servicio de Salud garantice una atención de
calidad, así como la eficiencia es un requisito imprescindible para la sostenibilidad financiera del sistema.
Desmotivación de los profesionales
La titular gallega se mostró especialmente preocupada por “la escasez y la desmotivación creciente de los
profesionales sanitarios”, siendo éstos el principal activo del sistema”. Para tratar de solventar este problema,
“se generarán criterios objetivos de evaluación, se introducirá la carrera profesional para el personal de
enfermería, se favorecerá el aumento de la dedicación exclusiva al sistema público de los profesionales,
especialmente en las jefaturas, se mantendrá la coherencia de la normativa de incompatibilidades, propiciando
que los centros concertados contraten a su propia plantilla y derivando determinadas especialidades a ellos”. En
este sentido, “no tenemos fórmulas mágicas pero debemos propiciar que la Sanidad pública sea una opción
válida de trabajo frente a la privada, eso sí, dejando las puertas abiertas para llegar a acuerdos”.

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Los asistentes a la conferencia, escuchan atentos a María José Rubio durante una intervención en la
que habló de las iniciativas de su departamento para combatir la desmotivación de los profesionales.
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Por otra parte, Rubio destacó que “debe existir transparencia en la información y la gestión de los recursos
públicos, desarrollando una colaboración con la Administración Central y con el Consejo Interterritorial para
contribuir a la modernización y mejora del SNS”. Para plasmar estas convicciones, la consejera explicó que su
primera línea de actuación será garantizar el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos en la legislación
sanitaria. Por ello “se equilibrarán las desigualdades territoriales en la asistencia, se extenderá la libre elección
de médico general y pediatría en primaria, se facilitará al segunda opinión médica en situaciones graves, se
desarrollará el registro de voluntades anticipadas y se implantará la figura del defensor del paciente”. Otras
medidas defendidas por la consejera fueron el desarrollo de un Plan Integral de Atención a la Mujer y otro de
Salud Mental.
Listas de espera
En otra línea, Rubio destacó que se informará al Parlamento acerca del Plan de Salud, “que se haya en proceso
de recogida de aportaciones y se ultimará en junio” y se fijarán el objetivo de reducción de tiempos en las listas
de espera, “que tenemos planteados para final de año en 95 días de demora media en citas quirúrgicas, lo que
supone una mejora en 47 días desde que llegamos al Gobierno y 27 días desde el inicio de este año”. Por otra
parte, aseguró que el año que viene se extenderá a toda la red sanitaria pública la historia clínica electrónica,
que este año, en una fase piloto, se ensaya en las áreas de Vigo, Ferrol y Pontevedra. Esta medida forma parte
de las que quiere implantar la Xunta de Galicia, que tiene previsto invertir en cuatro años unos 150 millones de
euros. La consejera aseguró que, además de extender la historia clínica electrónica, se quiere implantar la
telemedicina y la prescripción y dispensación informática de recetas en todo el servicio sanitario gallego.
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