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El Gobierno de las islas ha conseguido que Baleares haya sido calificada como zona estratégica en la ley de acompañamiento. El hecho insular ya se
admitía en la Ley de Cohesión y Calidad. No en vano, esta circunstancia es el principal condicionante a la hora de llevar a cabo la gestión de la
política sanitaria en la comunidad autónoma. El déficit histórico de infraestructuras, que obliga a los ciudadanos de algunas islas a desplazarse a
otras para la realización de determinadas pruebas, intenta ser paliado por el equipo de gobierno con el desarrollo de un ambicioso plan que aún se
está perfilando. Con Aina Castillo como principal responsable, la Consejería de Salud y Consumo tiene presente que tanto el ciudadano como los
profesionales de la Sanidad deben ser los ejes que vertebren cada una de sus actuaciones.
El nombramiento de Aina Castillo como consejera de Salud y Consumo de Baleares en junio de 2003 fue una de las sorpresas que reservaba el
presidente de la comunidad autónoma, Jaume Matas, tras recuperar la mayoría en el parlamento balear en las pasadas elecciones del mes de mayo.
La nueva responsable es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y abogada en ejercicio desde 1995. Inició su carrera parlamentaria en
el año 2000 y a partir de 2002 ha presidido la Comisión de Sanidad Regional del Partido Popular. Desde ese mismo año forma parte del Comité
Ejecutivo Regional del PP.
La intención de Aina Castillo es concretar, en primer lugar, un modelo propio para las islas. “Somos una comunidad autónoma recién transferida,
llevamos dos años asumiendo las competencias sanitarias y ahora nos toca definir cuál es el modelo que queremos. Lo estamos desarrollando, e
intentamos hacerlo alcanzando el mayor consenso posible, tanto con el resto de los partidos políticos como con las fuerzas sociales. Ese debe ser el
punto de partida”, expone la consejera.
Uno de los primeros pasos ha sido la modificación de la ordenación sanitaria, que fue aprobada en el mes de marzo. Esta disposición se materializó
vía decreto durante la reunión de la Comisión de Ordenación Sanitaria Territorial. La norma supone la creación de tres nuevas zonas básicas de
salud: dos en Mallorca, fruto de la división de las áreas de Inca y Manacor, y una más en Menorca, a partir de la segregación de Mahón. “Con esta
medida hemos intentado adecuar la ordenación sanitaria a la realidad y a las necesidades actuales. Se ha elaborado un mapa sanitario de la
comunidad, reconociendo aquellas poblaciones que habían quedado un poco desfasadas. En algunas zonas se concentraban más de 25.000 tarjetas
y había que solucionar ese problema”, añade.
Sanidad para un archipiélago
El diseño de cualquier política en Baleares, y más aún en el ámbito sanitario, está marcado por la insularidad. “Influye mucho en la financiación,
porque los costes se disparan por los traslados o el encarecimiento del suministro de productos. Son cuatro islas habitadas y, por ejemplo, los
ciudadanos de Menorca, Ibiza o Formentera tienen que acudir al centro de referencia de la comunidad, en Mallorca”, explica la consejera.
La Ley de Cohesión ha reconocido el hecho insular para Baleares, junto con Canarias. Además, La ley de acompañamiento permitió que fuera
calificada también como zona estratégica, una mención que se omitía en relación al archipiélago balear en un primer momento. Desde el punto de
vista económico, la insularidad está reconocida por una ley de régimen especial aprobada para Baleares en 1998 por el Congreso de los Diputados.
Es un concepto particular que analiza la responsable de Sanidad: “Se trata de cuantificar cuál es la diferencia derivada del hecho insular a través de
las comisiones mixtas del Estado y la comunidad autónoma para articular los mecanismos adecuados para tener esta compensación. Es un proceso
que se ha iniciado ahora, pero aún no tenemos conclusiones”.
La población flotante de las islas y el aumento del número de habitantes en el archipiélago, que sigue un ritmo muy superior a la media nacional y
se dispara en especial en Ibiza, son dos condicionantes que los gestores de la Sanidad regional no deben pasar por alto. “La población ronda el
millón de habitantes y en verano casi se triplica. Son factores que muchas veces no se han tenido en cuenta a la hora de planificar los recursos o
cuantificar la financiación”, advierte.
Precisamente este crecimiento es una de las circunstancias que ha cambiado y que hace necesaria una mejora de la financiación, en opinión de
Castillo. La consejera asegura que, aunque en el momento de las transferencias la dotación no fue mala, la tónica ha sido aumentar una cantidad
cercana a los 17.000 millones de pesetas anuales. De este modo, el gasto sanitario ha pasado de 85.000 millones en 2001 a 102.000 millones en
2002. “Hay que desarrollar los mecanismos que se prevén en la Ley de Cohesión y Calidad para adaptar el fondo a las necesidades derivadas de los
desplazamientos”, asegura. Esta demanda será uno de los pilares de la nueva política sanitaria, que se cimentará también en la solicitud del
cumplimiento del régimen especial.
Las carencias en las infraestructuras públicas sanitarias son una realidad en Baleares. “Hemos atravesado un déficit histórico en este sentido”,
confirma la consejera. Este factor puede explicar el desarrollo de un sector privado muy potente en las islas. De hecho, el 30% de la población tiene
doble seguro. Aina Castillo considera que esta situación les beneficia como Administración pública, en la medida que les ofrece la posibilidad de
aprovechar todos los recursos a su alcance, garantizando siempre la financiación pública.
En este contexto cobra una importancia esencial el nuevo Plan de Infraestructuras 2004-2010 que se está elaborando. Entre las previsiones destaca
la construcción de un nuevo Son Dureta, el hospital de referencia en esta comunidad autónoma. Con este proyecto se cumple una promesa electoral
del PP. “El hospital tiene 50 años. En estos momentos, junto con el Ayuntamiento de Palma, tenemos ya decidida la nueva ubicación y estamos
empezando con las actuaciones necesarias para su construcción”, adelante. La escasez de fondos les ha obligado a recurrir a un modelo de
financiación alternativo. Se ha anunciado que un grupo privado asumirá los costes de la edificación, a cambio de la explotación durante unos años
(suelen ser 30) de todos los servicios no sanitarios del centro.
Un hospital ‘sin papeles’
Asimismo, la consejera ha destacado la construcción de nuevos hospitales, además de la reforma de aquellos que lo requieran y la ampliación de la
red de atención primaria. “Estamos construyendo uno en Menorca, que sustituye al actual que se está quedando obsoleto, otro en Inca, que es un
recurso nuevo en la zona, y vamos a abrir otro más en Formentera, donde sólo hay un centro de salud”, advierte. En estos proyectos, la referencia
clara es el Hospital Son Llatzer, el único hospital ´sin papeles’ de Europa. La historia clínica está informatizada y todos los profesionales funcionan
con equipos informáticos. Es un referente para los gobernantes que ha recibido premios nacionales y opta a algún galardón internacional. “Nos
gustaría exportar este modelo y ahora que vamos a construir una red de infraestructuras siempre es más fácil incorporar estos sistemas. Estamos
en un momento óptimo para hacerlo, pero tenemos que encontrar las vías de financiación”, admite. Tiene claro que, aunque en un primer momento
no es la opción más asequible, sí supone un ahorro de cara a la asistencia.
Sobre una base firme, tanto en infraestructuras como en financiación, sería factible articular una política sanitaria que el equipo de gobierno quiere
desarrollar en torno a dos pilares fundamentales: el usuario y el profesional de la salud.
“Cuando decimos que nuestra intención es que el ciudadano sea el eje de la política sanitaria en Baleares, hablamos de priorizar los tiempos, de
mejorar su participación en la definición de las políticas sanitarias, de la humanización de la Sanidad pública... La mejora de la calidad se plantea
pensando en ellos”, asevera Aina Castillo. Según sus palabras, en el mes de agosto 800 personas esperaban una intervención quirúrgica desde
hacía más de seis meses. “Como primer paso, nuestro propósito es que ningún ciudadano tenga que esperar más de seis meses para una operación
y no queremos que tenga que aguardar más de 60 días para la consulta o la prueba. Después queremos seguir mejorando estos tiempos, pero, por
ahora, hemos reducido la lista de espera en un 8% desde agosto y la de más de seis meses en un 98%”, asegura.
Plan de humanización
Más importantes que las cifras, para la consejera, son las medidas que se han adoptado. Entre otras, se ha reabierto el bloque quirúrgico del
Hospital General, reconvertido hoy en centro sociosanitario, y han aumentado los conciertos con otros centros que funcionan actualmente como
unidades específicas para el tratamiento de ciertas patologías. En estos servicios los plazos son mínimos: antes de ocho días el enfermo puede ser
visto por el especialista, y antes de un mes debe ser intervenido. Los pacientes pueden acudir allí directamente.
Por otra parte, ya se han definido las directrices básicas del Plan de Humaniza-ción, aunque todavía no se han perfilado por completo. En el
conjunto de medidas planteadas para aumentar la calidad del servicio sanitario público se incluye la mejora de las dietas y condiciones de los
desplazados, el confort de los hospitales sociosanitarios, que ofrecerían la posibilidad de elegir menús, y una serie de principios que se han ido
incorporando como objetivo en los contratos de las gerencias.
El otro eje de la gestión que tiene previsto desarrollar el equipo encabezado por Aina Castillo es el profesional sanitario. “Estamos convencidos de
que sin él es imposible poner en marcha ningún tipo de política sanitaria que se pueda articular. Tenemos que buscar su satisfacción para que se
implique. Hay que aprobar la carrera profesional y el Estatuto Marco en la comunidad autónoma. Creo que la homologación que cerramos en las
islas hace unos meses es un hecho que puede hacerles ver que les tenemos en cuenta”, asegura.
Precisamente el pasado mes de marzo se aprobaba en una mesa sectorial, con el comité de empresa de las fundaciones Hospital Son Llatzer y
Hospital de Manacor, la homologación de todo el personal de Baleares. En anteriores negociaciones, los trabajadores de ambos centros habían
quedado excluidos. En esa mesa también se admitió la extensión del complemento específico a todos los facultativos de la comunidad, otra
reivindicación histórica. Se acordó que la parte superior al 30% que implicaba la exclusividad se imputaría al concepto de carrera profesional, con el
coste que conlleva. Estas concesiones han tenido como contrapartida el compromiso por parte de los sindicatos de incorporar progresivamente el
trabajo de tarde en los hospitales, para lo cual se han constituido grupos que estudian la fórmula para su implantación.
Asimismo, se ha creado una comisión que va a estudiar la variabilidad clínica. La consejera puntualiza que, aunque este problema no afecta de
manera particular al archipiélago, es un aspecto importante que se ha incorporado también a los contratos de gestión en los que se ha trabajado
intensamente desde el Servicio de Salud de las islas Baleares.
El acercamiento a los profesionales sanitarios también es fundamental, en su opinión, para el control del gasto farmacéutico. “Es imprescindible
incentivar el ahorro desde la prescripción, porque los médicos tienen todos los resortes”, asegura. “Con estas medidas se cierra un capítulo que
puede ir en la dirección que apuntamos: implicar al médico en la gestión sanitaria”, concluye Aina Castillo.
Planes renovados
La Consejería de Salud está desarrollando una intensa actividad que se plasma en iniciativas concretas. El Plan de Salud Mental, aprobado en 1998,
está siendo revisado por el nuevo equipo. En el ámbito sociosanitario está pendiente la aplicación del plan específico, ya concretado. Una de las
medidas más aplaudidas ha sido la transformación del Hospital Militar en un centro para enfermos de Alzheimer.
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